Sabotaje al Gobierno
• Un plan deliberado para crear la falsa impresión de inseguridad • Un reto, pero también una oportunidad para Javier May
La inseguridad que ha sacudido a Tabasco en los últimos meses no es un fenómeno aislado, ni puede ser explicado simplemente como una ola de delincuencia común. Lo que observamos tiene todas las características de una estrategia de sabotaje cuidadosamente planificada, cuyo objetivo es minar la legitimidad de un gobierno que apenas empieza a consolidarse. Este tipo de embates no son nuevos en la historia política de México, y mucho menos en Tabasco, un estado que ha sido campo de batalla de fuerzas políticas y económicas desde hace décadas. Sin embargo, lo que hoy ocurre, bajo la administración de Javier May Rodríguez, parece tener un componente más perverso: la creación deliberada de caos para desestabilizar, para sembrar la percepción de que el gobierno ha perdido el control.
Desde la quema de vehículos hasta los ataques coordinados a tiendas de conveniencia, los incidentes que comenzaron en diciembre de 2023 marcan un punto de inflexión en la política de seguridad en el estado. Los ataques no se limitan a dañar la infraestructura ni a sembrar el miedo en la población. Parecen, más bien, diseñados para generar una narrativa de incompetencia gubernamental. En otras palabras, estos actos tienen un destinatario claro: el gobierno de May Rodríguez, que se enfrenta a un sabotaje político disfrazado de delincuencia.
La estrategia detrás de los ataques está lejos de ser una improvisación. Se trata de un intento metódico de alterar el orden público y debilitar la capacidad del estado para mantener la seguridad. Al mirar más allá de los hechos inmediatos, se puede vislumbrar un plan para erosionar la confianza de la ciudadanía y de los sectores empresariales en las instituciones públicas. Los asaltos simultáneos y los incendios en diferentes puntos del estado no son hechos fortuitos. Estamos ante un fenómeno donde el daño físico es solo la punta del iceberg; el verdadero golpe se da en el ámbito de la opinión pública.
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Tabasco, que se ha convertido en un eje clave de los proyectos nacionales, enfrenta el desafío de equilibrar su papel como motor del desarrollo económico, con iniciativas como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, mientras combate la violencia desestabilizadora. Para algunos sectores, los recientes episodios de inseguridad parecen ser una señal de advertencia para quienes buscan invertir en la región. Sin embargo, es importante analizar con cuidado la naturaleza de estos ataques, pues lo que realmente está en juego no es tanto la seguridad física, sino la percepción de seguridad.
En la historia reciente de Tabasco, ya hemos visto ejemplos de cómo la delincuencia organizada ha sido utilizada para fines políticos. Durante el gobierno de Andrés Granier, el atentado contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Francisco Fernández Solís, y la posterior vinculación del grupo criminal conocido como "La Hermandad", demostraron que las fuerzas policiales no siempre están exentas de influencias internas.
Años después, las heridas de ese capítulo aún son visibles en la política local, y hoy, con Javier May Rodríguez en el poder, una estrategia similar parece estar repitiéndose. La renuncia de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en enero de 2024, tras una serie de ataques simultáneos, sugiere que la presión sobre las autoridades locales está lejos de ser fortuita.
El reemplazo de Bermúdez por el general Víctor Hugo Chávez ha traído cierto alivio en términos de contención de la violencia, pero el trasfondo de los ataques sigue presente. Los grupos detrás de estos actos buscan algo más que la destitución de un funcionario; intentan deslegitimar al nuevo gobierno y crear un ambiente de incertidumbre en torno a la capacidad de Javier May para enfrentar los retos de seguridad.
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Lo más preocupante de estos actos de violencia es su selectividad. A diferencia de las acciones indiscriminadas que suelen caracterizar a los cárteles del narcotráfico, los ataques en Tabasco han sido precisos y quirúrgicos, sin dejar víctimas fatales. Es casi como si los perpetradores quisieran enviar un mensaje claro: «podemos causar caos sin necesidad de violencia extrema». Esto es, sin duda, un indicio de que estamos ante una estrategia más calculada y menos visible que la de las organizaciones criminales tradicionales.
No se trata solo de un problema de seguridad pública. Los ataques están diseñados para generar incertidumbre económica, particularmente entre los pequeños y medianos empresarios, quienes temen operar en un entorno percibido como inseguro. Pero si bien los daños materiales son considerables, el verdadero impacto está en la psique colectiva: la percepción de que el estado es incapaz de proteger a su población y a sus empresas.
El juego es claro: sembrar el caos para socavar la autoridad del gobierno. Y en este sentido, el gobierno de Javier May Rodríguez enfrenta uno de los desafíos más complejos de su naciente administración. Sin embargo, hay razones para pensar que la administración de May puede salir fortalecida de este embate.
Para hacer frente a esta crisis de seguridad, el gobierno de Javier May debe moverse con astucia y firmeza. La clave no está en responder con fuerza desmedida, sino en construir una estrategia integral que aborde tanto el plano operativo como el de la percepción pública. La historia reciente nos enseña que cuando los gobiernos caen en la trampa de reaccionar de manera precipitada ante este tipo de embates, el resultado suele ser más violencia y menos control.
En este sentido, la administración actual tiene ante sí una oportunidad de demostrar que puede manejar esta crisis con inteligencia y moderación. A continuación, algunas acciones que podrían marcar la diferencia:
1. Coordinación interinstitucional: Los operativos de seguridad deben ser el resultado de una colaboración estrecha entre las fuerzas estatales y federales. No se trata de llenar las calles de policías, sino de asegurarse de que las zonas más afectadas, como las colonias Gaviotas y Casa Blanca, sean objeto de una vigilancia efectiva y de una rápida respuesta ante incidentes.
2. Transparencia informativa: El gobierno debe ser proactivo en su comunicación con la ciudadanía. Javier May ha demostrado un estilo cercano a la gente, y este es el momento de reforzar esa confianza con informes claros y directos sobre los avances en materia de seguridad. La transparencia no solo es una herramienta para calmar los ánimos, sino una forma de desarmar la narrativa de descontrol que intentan imponer los saboteadores.
3. Fortalecimiento de la inteligencia: La clave para contener estos ataques radica en la prevención. El gobierno debe invertir en sistemas de inteligencia que permitan anticipar los movimientos de los grupos responsables de estos sabotajes. Esto implica una modernización de las tecnologías de vigilancia y un fortalecimiento de los cuerpos de investigación.
4. Acciones judiciales contundentes: La impunidad es el mayor aliado de los saboteadores. Es fundamental que quienes están detrás de estos actos sean llevados ante la justicia de manera rápida y eficaz. Aquí, el sistema judicial debe jugar un papel central para garantizar que los responsables no escapen a las consecuencias de sus actos.
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El sabotaje que enfrenta el gobierno de Javier May Rodríguez es, sin duda, un reto formidable. Sin embargo, también es una oportunidad para demostrar que la violencia y la desestabilización no tienen por qué definir el futuro de Tabasco. Al enfrentar esta crisis con firmeza, inteligencia y transparencia, May puede transformar esta amenaza en un punto de inflexión para su gobierno.
Tabasco ha sido históricamente un terreno fértil para la lucha política, pero también para la esperanza. Y hoy, bajo la administración de May Rodríguez, el estado tiene la oportunidad de avanzar hacia un futuro de mayor estabilidad y desarrollo. La violencia no puede ser la narrativa dominante. Este es el momento para que el gobierno reafirme su compromiso con la paz, la seguridad y el bienestar de su gente.
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